A estas alturas de la historia, está más que demostrado que la reinserción social -readaptación social, le llamaban antes- es un verdadero fracaso de la administración pública tanto federal como local.
En los hechos, los llamados Centros de Reinserción Social se constituyen como verdaderas escuelas del crimen, de modo que quienes regresan a las calles cuentan con mayores capacidades para delinquir, que antes de que fueran recluidos.
Con una población superior a los 5 mil internos, el sistema carcelario de Guerrero en realidad constituye una verdadera bomba de tiempo por sus condiciones de reclusión.
Esta situación ha ameritado hasta ahora tres recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: en agosto de 2016, en mayo de 2017 y, la última, emitida poco después del motín del 6 de julio pasado que se saldó con 28 muertos y varios heridos.
Las primeras dos recomendaciones de la CNDH se centraban en la construcción de instalaciones apropiadas, alimentación adecuada y eliminación del hacinamiento, que crea a su vez condiciones para el maltrato la tortura, según la óptica del organismo nacional de derechos humanos.
Tras el motín de julio pasado, que constituyó un escándalo internacional para el gobierno de Héctor Astudillo, la CNDH de inmediato emitió una nueva recomendación, la 2/2017, amparada en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), para mejorar urgentemente las condiciones de reclusión de los penales de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Taxco, es decir, los que concentran el mayor caudal de población carcelaria.
Según información reciente, en 2016 había una población carcelaria de poco más de 5 mil reos distribuidos en los 15 penales que hay en el estado de Guerrero.
De ellos, el 46.3 por ciento estaba recluido bajo proceso penal pero sin haber sido sentenciados, lo que se imputa a la lentitud del organismo impartidor de justicia, es decir, los órganos juzgadores adscritos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Desde luego que esa lentitud del Poder Judicial es una violación más de los derechos de los reos.
Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de los recluidos 2 mil 367 están bajo proceso penal, mientras que 2 mil 740 son reos sentenciados.
De ese total, 2 mil 225 son internos imputados por delitos del fuero común, en tanto 515 purgan prisión por delitos federales.
El Centro de Reinserción Social de Acapulco, el más grande de todos los penales, cuenta con una población aproximada de 2 mil 300 internos, cuando su capacidad es apenas suficiente para albergar a un mil 676 presos. Es decir, tiene una capacidad rebasada en un 50 por ciento. Esa es la anomalía a la que se refieren las recomendaciones de la CNDH.
Pero esa situación data de muchos años ha, lo que significa que debió ser atendida desde pasadas administraciones, lo cual no ocurrió.
Aquí habrá que detenernos para comentar que las recomendaciones de la CNDH se refieren sólo a factores objetivos de reclusión. ¿Pero qué hay del factor humano, que es el que incide verdaderamente en el maltrato que reciben los internos en los 15 centros de reclusión?
Usted, amigo lector, ¿alguna vez ha compartido los alimentos con un reo del penal de Las Cruces? La comida, si es que se le puede llamar comida a esa porquería que le suministran a los presos, es un verdadero asco.
Visto objetivamente, la alimentación en realidad se constituye como una primera fuente de agravios para la población carcelaria. Una segunda fuente de agravios es el trato que reciben, los reos y sus familias, por parte del personal de vigilancia del penal.
Estos mecanismos inherentes a la reclusión son los que, finalmente, provocaron el motín del pasado 6 de julio y consecuentemente la protesta reciente de familiares de los reos ocurrida el lunes 18 de septiembre, tras lo cual se ha generado ahora permanentemente un hostigamiento constante contra grupos de reos a los que se considera conflictivos, agresiones que se hacen extensivas también contra sus familias.
De todas estas anomalías el primer responsable es el secretario de Seguridad Pública, general Pedro Almazán Cervantes, administrador de las cárceles de Guerrero, pero no está libre de responsabilidad el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, un funcionario famoso ya por su intolerancia y sus arrebatos de furia.
En términos generales, el gobernador Héctor Astudillo se manifestó dispuesto a acatar las tres recomendaciones de la CNDH, para lo cual la única salida parece ser la construcción de un nuevo penal, lo que tendría que ocurrir en 2018.
¿Pero cómo piensa el mandatario solucionar el maltrato a los internos, el hostigamiento, la alimentación infame, la tortura, el encono del personal carcelario contra los reos, hombres y mujeres recluidos por transgredir la ley?
En repetidas ocasiones algunos expolicías han denunciado la colusión del personal de seguridad de las cárceles, al mando directo del general Almazán, con grupos criminales con asiento en la región centro del estado, señaladamente el grupo conocido como “Los Rojos” y ahora aparece en escena un capitán del ejército de nombre Amadeo Tiburcio paulino jefe de custodios a nivel estatal, señalado por familiares en una reciente protesta en las afueras del penal de las cruces, como el ejecutor de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres y principal hostigador.
¿Acaso esta situación no se piensa investigar? ¿Los mandos del sistema carcelario entonces cuentan con una patente de corso? ¿En cuánto tiempo más estallará una nueva crisis en los penales por el acoso al que son sometidos los internos?
Son cosas para pensarse, de especial interés para el gobernante en turno.
ALFREDO PEREZ ZARATE
PRESIDENTE
*El autor es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; Maestro en Derecho por la UAG y Presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Guerrero A.C.
*Miembro asociado de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna.
